Jesús Jiménez, presidente de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (Hostemur) volvió a criticar ayer la decisión de López Miras de decretar con urgencia, el pasado domingo (24 horas antes de lo previsto), el cierre de los locales de ocio nocturno en la Región, bares de copas, pubs y discotecas, sin ofrecer ningún tipo de ayudas a los hosteleros. En declaraciones a La Opinión Jiménez dijo que cree que «el Gobierno Regional está en una carrera por ver quién prohíbe antes». Mientras tanto, en la vecina Comunidad Valenciana, aún no tomarán la decisión del cierre del ocio nocturno, así como prohibir fumar en zonas exteriores, hasta dentro de un par de semanas.
Jesús Jiménez destacó que «el ocio nocturno lleva cerrado casi un mes y aún así siguen aumentando los contagios por coronavirus, por lo que las razones deben ser otras. Sin embargo, se culpabiliza al sector hostelero, que viene sufriendo muchísimo con esta crisis y al que han asestado el golpe definitivo».
Jesús Jiménez, calificó la decisión del Gobierno regional de «improvisación y falta de justificación» de las últimas medidas sanitarias adoptadas, entre las que destaca el cierre en toda España de los establecimientos de ocio nocturno: «Los empresarios no podemos estar a todas horas mirando el BORM, pero el Gobierno Regional está en una carrera por ver quién decreta antes el cierre del ocio y le echan la culpa al Estado. Tanta independencia autonómica que se reivindica, y cuando hay que tomar medidas negativas se recurre al Estado, al ente superior».
«Es frustrante ver que sin el más mínimo aval científico que las justifique se toman medidas de cierre y de limitación de actividad que afectan a miles de empresas de las que dependen tantos puestos de trabajo, sin aportar ayuda a su mantenimiento», destacó Jiménez.
Desde Hostemur recomiendan «poner el foco en las medidas de prevención y seguimiento tomadas por las administraciones, en lugar de culpar a una hostelería, cuyos profesionales son los primeros interesados en cumplir las normas». Lo mismo sucede con la prohibición de fumar en los espacios públicos, ya que, según Jiménez Avellaneda, «no existe evidencia científica que la justifique. Se trata de un conjunto de bandazos injustificados que solo sirve para ahondar todavía más en la enorme crisis económica que se está gestando a nivel nacional».
El presidente de la patronal hostelera murciana destacó que, teniendo en cuenta que España ya es el país de Europa que más pérdidas ha sufrido en cuanto al PIB en el último trimestre, se prevé que las cifras de cara al mes de septiembre sean demoledoras para el sector»
Jiménez también reprochó al Gobierno y mostró su extrañeza por «el hacinamiento en el transporte público y las celebraciones de partidos de fútbol. Diría que es la primera vez en la historia que se ordena el cese de una actividad y no se propone ningún tipo de ayuda» Jesús Jiménez también confirmó que los hosteleros murcianos firmarán la denuncia que se presentará a nivel nacional contra el Gobierno por el cierre del ocio nocturno.
El cierre del ocio nocturno y los límites a fumar en la calle se aplicarán dentro de 21 días en la Comunidad Valenciana
al como habían anunciado, la Conselleria de Sanidad valenciana dejó ayer lista la norma que traslada a la legislación valenciana las restricciones al ocio nocturno y a fumar en espacios abiertos si no hay distancia de seguridad que se acordaron por unanimidad con el resto de comunidades el pasado jueves para intentar frenar la escalada de rebrotes. Según anunció el domingo en rueda de prensa la consellera Ana Barceló, la norma entrará hoy martes en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) con algunos «retoques» sobre las once medidas acordadas junto al Ministerio de Sanidad, según informa el diario Levante.
La primera es que las restricciones extraordinarias para intentar frenar el avance del coronavirus estarán en vigor durante 21 días naturales, hasta el próximo 8 de septiembre, un límite temporal que, en principio, «no han especificado otras comunidades». La explicación, según Barceló, era garantizar una semana más a los 15 días del periodo de incubación del virus y que buscaba contener la pandemia y llegar a septiembre y a la vuelta al cole «con unos niveles de control razonables».
Barceló desgranó de nuevo las once medidas que todas las comunidades van a adoptar: de discotecas, pubs y bares de copas; cierre de bares y restaurantes a la 1 de la madrugada sin aceptar nuevos clientes desde medianoches; separación efectiva de las mesas de 1,5 metros; prohibición del botellón; autorización especial para los eventos multitudinarios; recomendación de no reunirse en el ámbito privado con más de diez personas y la prohibición de fumar (o vapear) en la calle o en espacios públicos si no hay distancia mínima de dos metros con el resto de personas además de las medidas en residencias para garantizar que todos los nuevos ingresos tengan una PCR reciente así como los trabajadores que vuelvan de las vacaciones y la limitación de visitas y salidas de los residentes o cribados en poblaciones de riesgo.
Eso sí, desde el Consell han querido hilar más fino en algunos aspectos y, además de los 21 días de vigencia, la norma incluirá especificidades como que también deben de cerrar los karaokes, por ejemplo (en la norma general se habla de discotecas y bares de copas); los eventos de más de 400 personas necesitarán de una autorización de la Dirección?General de Salud Pública y los centros residenciales de tratamientos de adicciones también tendrán las mismas limitaciones en cuanto a visitas y salidas que los centros de mayores, por ejemplo. Además, el Consell ha querido especificar que si no hay distancia de seguridad tampoco se podrá fumar en la playa, lugar que estaría englobado entre los «espacios al aire libre» pero que se ha querido nombrar de forma concreta, así como las terrazas de los bares.
Finalmente, Barceló adelantó que la norma que entró en vigor el viernes con restricciones para València capital se modificará para adaptarse a esta nueva normativa consensuada pero se mantienen las limitaciones que son más restrictivas que las acordadas con el resto de comunidades como la prohibición de visitas en centros de mayores o la limitación de aforo en zonas comunes de hoteles.