Exigen responsabilidad patrimonial al Gobierno central y las 17 comunidades en una avalancha de demandas para reparar el daño económico sufrido por los cierres desde 14 de marzo.
Hosteleros de toda España preparan una avalancha de demandas por responsabilidad patrimonial del Estado, que se dirigirán contra el Gobierno central y contra cada una de las 17 comunidades autónomas.
Fuentes próximas a este grupo que prepara la demanda señalan que día a día se van sumando más hosteleros a medida que les llega la propuesta, por lo que han puesto de fecha para sumarse hasta el 14 de marzo de 2021, coincidiendo con el aniversario del decreto de estado de alarma.
La demanda colectiva, cuya estrategia jurídica ha sido encargada al bufete Cremades & Calvo-Sotelo, ya cuenta con la adhesión de hosteleros de referencia como la chef Begoña Fraire, del restaurante ‘Étimo’ de Madrid, Alfonso García Muñiz, de la ‘Taberna Casa Alfonso’ de Barcelona, Pepa Muñoz de ‘El cuenco de Pepa’, Juanjo López de ‘La tasquita de enfrente’, Iñaki López del Grupo Sagardi, y Alfonso Pastor del Grupo Caterdata, entre otros.
Se presentarán ante el Tribunal Supremo, en concreto, en la Sala tercera de lo ContenciosoAdministrativo, y exigirán lo que han dejado de ingresar entre 14 de marzo y 31 de diciembre de 2020 respecto al mismo periodo de 2019, hasta 67.000 millones de euros, cifra en la que en cada caso se ponderará el efecto de gastos y ERTE.
Así lo ultiman hosteleros de las distintas comunidades autónomas con el despacho Cremades & CalvoSotelo, que ha preparado una estrategia legal en la que cada afectado presentará su propia demanda con las pérdidas que le competan pero en la que todas las demandas serán iguales, dirigidas contra el Gobierno y contra cada comunidad, y que esperan que puedan agruparse o acumularse en 17, según el número de autonomías.
No cabe de momento presentar una demanda colectiva, modalidad habitual en Estados Unidos y que acaba de aprobar la Comisión Europea, pero que todavía no está en vigor. Los hosteleros que ya se han sumado a esta plataforma, impulsados por la chef Begoña Fraire, del restaurante Étimo de Madrid, llevan mucho tiempo desencantados con lo que denominan la “estrategia de la pataleta, la manifestación y la queja ante el Congreso”, y han decidido pasar a la “acción práctica” y reclamar lo que creen que legalmente les pertenece, según señalan algunos de los afectados.
Este estado de ánimo compartido se incrementa en el caso de los hosteleros de Cataluña, que han sufrido uno de los cierres más contundentes y que a su vez dicen sentirse “criminalizados” por la Generalitat. A algunos les preocupa el coste reputacional de sus demandas. Pero todos critican la “inadecuación y desproporción” de las medidas del Gobierno central y de las comunidades con los distintos cierres y vaivenes que han ido estableciendo desde el 14 de marzo.
A diferencia de Alemania, Reino Unido, Francia o Italia, en España no se han facilitado ayudas directas ni se ha compensado por lo que se ha dejado de ingresar, denuncian. Eso sí, no cuestionan los cierres en sí ni que hubiera que adoptar medidas destinadas a proteger a la población, sino que se busca reparar el daño económico provocado en el sector por las restricciones, que han supuesto una especie de expropiación por parte de Estado, que creen que está obligado a reparar.
Uno de los acicates para dar el último impulso a estas demandas que se llevan preparando desde hace tiempo ha sido el Plan de Rescate a la hostelería, turismo y comercio que aprobó el Consejo de Ministros el 22 de diciembre que “llega tarde, es escaso y sin ayudas directas”. A su juicio, “dichas medidas no responden a las demandas y necesidades del tejido empresarial de la hostelería en nuestro país.
Abogamos por compensaciones económicas directas, como en otros países”. Las ayudas que hayan podido recibir antes y de este plan ya están contempladas en la cifra de caída de sus ingresos que van a acreditar.
También se van a sumar hosteleros que han tenido que echar el cierre definitivo a sus locales, que presentarán las pérdidas proporcionales hasta el momento en el que dejaron de operar.
La cifra que se está depurando será la de la cuenta de resultados, es decir, la facturación sin los gastos y los efectos de los ERTE. El sector de la hostelería se sitúa como el tercer empleador en nuestro país, superando los 300.000 negocios con una aportación superior al 6% del PIB, en la que hay que tener en cuenta su valor como intangible y de atracción de turismo a España.
Unos 100.000 negocios pueden llegar a cerrar a consecuencia de las medidas restrictivas. No en vano, la facturación desde marzo ha caído en más de un 50%, provocando la destrucción de más de un millón de empleos, lo que supone pérdidas por 67.000 millones de euros. En noviembre se encontraban en ERTE más de 334.410 trabajadores del sector, por encima de las cifras de los tres meses anterior.
A la espera de las demandas colectivas
Estas demandas de los hosteleros contra el Estado se ultiman cuando se acaba de aprobar la nueva Directiva europea 2020/1828, que aspira a acercar el modelo procesal europeo al de las grandes acciones colectivas de EEUU (las class actions), lo que, salvando las distancias con los mecanismos de litigio estadounidenses, abre la puerta a que las empresas fabricantes y/o distribuidoras de bienes de consumo europeas se enfrenten en el futuro a eventuales demandas masivas y a indemnizaciones potencialmente multimillonarias. La Directiva quiere “reforzar los mecanismos procesales de protección de los intereses colectivos de los consumidores”, incluyendo tanto “medidas de cesación” (es decir, que garanticen que se pone fin a las prácticas ilícitas) como “medidas resarcitorias” (indemnizaciones). Su objetivo es homogeneizar una madeja de mecanismos tan dispares que incluso “algunos Estados miembros no disponen actualmente de ningún mecanismo procesal para las acciones colectivas que persigan medidas resarcitorias”, señala el texto. La Directiva reviste una enorme trascendencia, ya que conllevará una profunda revisión de los procesos relacionados con las demandas colectivas y tendrá implicaciones de gran calado para el sector empresarial, para el que están en juego sus futuros mecanismos de defensa. Y es que el nuevo paquete legislativo afecta a quién o quiénes pueden iniciar estas reclamaciones masivas (normalmente asociaciones de consumidores); consolidará a los financiadores de pleitos, y permitirá que las organizaciones de consumidores de cualquier Estado europeo puedan plantear una demanda colectiva ante los tribunales de otro país de la UE. Los países de la UE deberán trasponer la Directiva en un plazo máximo de dos años (esto es, antes de finales de 2022) y aplicar a partir del 25 de junio de 2023.
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La hostelería presenta ante la Audiencia Nacional una demanda contra la orden ministerial y el acuerdo del Consejo Interterritorial del 14 de agosto
Por otra parte, Hostelería de España, según publica Hostelería Digital, mantiene su estrategia de defensa del sector también ante los Tribunales, y el pasado 15 de diciembre presentó ante la Audiencia Nacional, a través de la firma jurídica ECIJA, una demanda contra la Orden Ministerial de fecha 14 de agosto de 2020 por la que se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en Salud Pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19, y también contra el Acuerdo adoptado en la misma fecha por el Consejo Interterritorial del Sistema de Salud.
Este procedimiento busca cerrar el círculo de todos los recursos que se ha ido interponiendo en cada CCAA ante los Tribunales de Justicia contra medidas adoptadas por los Gobiernos regionales como consecuencia del Acuerdo del Consejo interterritorial de 14 de agosto, quedando así cubierto judicialmente todas las posibles vías de reclamación con respecto al mismo.
La demanda tiene como objetivo lograr la nulidad de las resoluciones impugnadas basándose, entre otros, en la falta de justificación de las medidas acordadas. Cabe recordar que los propios datos del Ministerio de Sanidad han acreditado que la hostelería no es el foco de la pandemia, situando por debajo del 2% el índice de contagios en los establecimientos hosteleros. La excesiva criminalización del sector y las medidas restrictivas que éste viene sufriendo en los últimos meses han llevado a la hostelería a una situación límite, pudiendo llegar a perderse un millón de empleos entre directos e indirectos y actualmente con más de 365.000 trabajadores en ERTE y un tercio de los locales abocados al cierre ante la falta de ayudas directas.
Desde ECIJA manifiestan su confianza en que la Audiencia Nacional acoja los argumentos jurídicos esgrimidos en la misma. Se han presentado suficientes argumentos médicos, científicos y jurídicos para demostrar que las medidas que se han acordado no son eficaces, ni idóneas, ni proporcionales a las circunstancias de cada territorio.
El sector hostelero que generaba el 6,2% del PIB y empleaba a 1,7 millones de personas antes la pandemia es un sector estratégico que, además, ha puesto todo su empeño en adaptarse a esta situación, con importantes inversiones en formación, equipamiento, materiales y productos, para ofrecer espacios seguros a la ciudadanía, en los que se respetan las normativas de aforo, desinfección y distancia social.
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