Las empresas murcianas de catering que elaboran los menús para comedores escolares y hospitales públicos denuncian, según publica La Opinión, que se ven abocadas al cierre, si la Comunidad Autónoma no revisa los precios de los menús, que han quedado desfasados a causa de la subida de la inflación.
El hostelero Jesús Abellaneda, presidente de Hostelor, que forma parte de la organización empresarial que agrupa al sector del catering, calcula que las compañías de la Región que alimentan a los alumnos de los centros escolares y a los pacientes de los centros hospitalarios suministran diariamient 40.000 comidas, que les están ocasionando «pérdidas de decenas de miles de euros todos los meses».
El presidente de la patronal de hostelería de Lorca alerta también de que el cierre de estas compañías dejaría en el paro de 6.000 a 7.000 trabajadores, «en su mayoría mujeres de difícil reinserción laboral».
Según explica María José Gil en La Opinión, los empresarios recuerdan que la factura energética «se ha multiplicado por tres» a consecuencia del encarecimiento de los precios del gas y de la electricidad, mientras que el coste de las materias primas se ha disparado.
Pedro José Ruiz, presidente de la organización empresarial, adscrita a HoyTú, de la que forman parte las compañías de catering, calcula que los costes se han incrementado un 20%, pero los contratos públicos mantienen los precios anteriores a la pandemia en muchos casos.
Los empresarios han planteado sus demandas a varias consejerías, pero no han recibido ninguna disposición a aceptar sus reivindicaciones. «Nos han escuchado, pero seguimos en la misma situación», se lamenta.
Pedro José Ruiz precisa que los menús que suministran a los comedores escolares rondan entre los 3,74 y los 4,5 euros, un precio que la patronal considera inasumible en estos momentos.
Por otra parte, Jesús Abellaneda ha reseñado que la Comunidad Autónoma se excusa «en la Ley de Contratos para no revisar los precios, mientras que esa ley sí que obliga a las empresas a seguir ofreciendo el servicio».
Asegura que hay contratos en vigor de los años 2018, 2019 y 2020, que la Administración se niega a revisar, a pesar de que han quedado por debajo de los costes. «Las empresas están perdiendo decenas de miles de euros todos los meses.
De momento, las empresas de catering, aguantan gracias a los créditos del ICO, pero si la Administración no revisa los contratos, se verán obligadas a cerrar e irán a la quiebra o la suspensión de pagos, dejando sin comida a los alumnos de los colegios y a los pacientes de los hospitales», advierte. Abellaneda y Ruiz coinciden en que «si las empresas se ven obligadas a cerrar, la Administración tendrá que firmar nuevos contratos y entonces no tendrá más remedio que aumentar los precios». Recuerdan que esta misma situación se ha producido ya en un hospital de Almería.
Las empresas de catering exigen que la Comunidad Autónoma revise sus contratos del mismo modo que ha hecho con los de las obras públicas en la Región, después de que el Ministerio de Hacienda abriera la puerta.
También destacan que la Comunidad Valenciana ha incrementado los precios argumentando «que los menús serán más saludables».
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