‘Si me cierras, me ayudas’. Bajo este lema, decenas de hosteleros ciezanos se han concentrado desde el pasado viernes a mediodía en la Esquina del Convento de Cieza, exigiendo al Ejecutivo murciano un plan de rescate económico que los salve de la ruina. Y así lo seguirán haciendo todos los días durante el mes de febrero.
Tienen permiso de la delegación del Gobierno hasta el 21 de este mes para prolongar la protesta todos los días. Lo harán sentados en sillas que distan dos metros unas de otras y cumpliendo las normas sanitarias.
Joaquín Ramos, miembro de la directiva de la Asociación de Hosteleros de Cieza, ha dicho que «ya está bien de parches» y ha reprochado que, de los 5.000.000 de euros para el sector que se prometieron desde Murcia, «todavía no ha llegado nada».
Los hosteleros piden exenciones en las cotizaciones sociales ante un cierre forzoso «sin que se haya planteado un plan de rescate todavía».
A la concentración han asistido los concejales de Hostelería y Hacienda del Ayuntamiento de Cieza, María Jesús López y Antonio Martínez-Real.
El Pleno pide al Gobierno regional que apoye a la hostelería
«Por este motivo -añade la nota-, en el pleno ordinario de febrero, el equipo de gobierno llevaba una propuesta para que, desde la Administración autonómica, se aplicara un plan de apoyo a la hostelería a fin de paliar las dificultades en que se encuentran, e igualmente se pedía a la Administración central que modificara el calendario de pagos».
Según ha comentado el portavoz del Ejecutivo Antonio Ignacio Martínez-Real, realizando una valoración de la sesión ordinaria, la citada moción fue finalmente aprobada por unanimidad, «ya que es de justicia que, por parte de la Administración regional se ayude o indemnice a quienes se les impide desarrollar su actividad, si por motivos técnicos hay que tomar restricciones que se tomen, pero que no se abandone a quienes se ven afectados por ellas y que se les compense por las pérdidas. Las únicas ayudas que ha puesto en marcha el Gobierno regional, paradójicamente, han ido a parar a los casinos y salas de juego que casualmente menos perjuicios han sufrido».
En otro orden de cosas, Martínez-Real también destacaba que, de manera unánime, el pleno acordara solicitar a la Consejería de Sanidad que publicara la lista de los altos cargos, políticos o personal de confianza «vacunados indebidamente», en una iniciativa que partía del grupo socialista y que finalmente fue consensuada y logró el apoyo unánime. En palabras del concejal, «desde la Consejería de Sanidad no se ha realizado una adecuada administración de la vacuna, ya que, según las últimas informaciones, hasta unas 600 personas se habrían vacunado indebidamente, mientras en lugares prioritarios faltaban vacunas; de hecho, la Fiscalía ha abierto diligencias a petición del PSOE y la Guardia Civil también ha pedido la citada lista, que la ciudadanía tiene derecho a conocer».
En lo que se refiere a las mociones de la oposición, Martínez-Real mencionaba la aprobación de la propuesta de Ciudadanos para que policías municipales, bomberos o Protección Civil accedieran antes a la vacuna, moción que fue completada por el grupo socialista pidiendo mayor preferencia para los maestros que se encuentran trabajando en espacios y aulas donde el número de personas presentes rebasa el recomendado en el resto de lugares, «ya que, mientras se dice que no tengan lugar reuniones de más de dos personas, los profesores trabajan con 25 o 30 alumnos al mismo tiempo».
Finalmente, en relación a una moción del PP sobre la forma de liquidar el recibo de agua potable, el equipo de gobierno presentaba una moción alternativa para que ese debate tuviera lugar en el Consejo de Administración de Aguas de Cieza SA, «donde están representados los grupos y pueden dilucidarse todas las cuestiones que, como esa, además, tienen un carácter puramente técnico».