El aplazamiento a julio de 2027 evita una inversión inminente en software certificado para bares, restaurantes y pequeños comercios —sectores con alta densidad en la Región—, aunque genera controversia por su anuncio tardío y deja a algunas firmas sin salida tras haber cambiado voluntariamente su régimen fiscal
El Consejo de Ministros aprobó este martes la prórroga por un año del sistema Verifactu, el nuevo marco de facturación electrónica impulsado por la Agencia Tributaria, una decisión que ha sido recibida con alivio por miles de autónomos y pymes de la hostelería en toda España —y especialmente en la Región de Murcia, donde este sector representa casi el 20 % del tejido productivo autónomo—, pero también con críticas por su precipitación y falta de planificación anticipada.
Inicialmente prevista para entrar en vigor el 1 de julio de 2026 para autónomos y pequeñas empresas, la obligatoriedad de utilizar software homologado —capaz de generar facturas con huella digital, código QR y trazabilidad inalterable en tiempo real hacia Hacienda— se traslada ahora al 1 de julio de 2027. Para quienes tributan por el Impuesto de Sociedades, el plazo se extiende desde enero de 2026 a enero de 2027.
La medida, adelantada horas antes por el presidente Pedro Sánchez y sellada como parte de los acuerdos con Junts, responde a una exigencia reiterada de organizaciones como ATA, Cepyme y Pimec, que venían alertando desde hace meses sobre la inviabilidad técnica y económica de cumplir los plazos para un colectivo ya sobrecargado.
Lorenzo Amor, presidente de ATA, calificó la decisión como un «alivio inmenso» para los autónomos. «Hoy pueden respirar más tranquilos», aseguró, recordando que muchos, especialmente en hostelería —donde los tickets de caja actúan como facturas simplificadas—, se enfrentaban a inversiones de cientos o miles de euros en software certificado, adaptación de básculas inteligentes, formación y mantenimiento, todo ello en plazos inviables.
En Murcia, donde el tejido hostelero está dominado por microempresas y autónomos —desde chiringuitos costeros hasta bares de barrio y restaurantes familiares—, la medida ha sido celebrada como un «salvavidas». Fuentes del sector en la Región señalan que más del 65 % de los establecimientos aún no habían adquirido soluciones digitales compatibles, y muchos estaban paralizados por la incertidumbre.
Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme, subrayó que el retraso «reconoce la realidad de miles de pymes cuyos tiempos y recursos no son equiparables a los de la gran empresa», y destacó las dificultades específicas de sectores como la restauración: «Las básculas de uso diario en pescaderías o carnicerías integradas en bares debían ser sustituidas o adaptadas, y las alternativas propuestas implicaban mayores costes y retrasos en los cobros».
Sin embargo, no todas las voces coinciden en elogiar la decisión. Desde Cecot, la patronal catalana, se critica el anuncio a menos de un mes del plazo inicial, lo que ha generado «desconcierto y esfuerzos innecesarios» entre empresas que ya habían invertido en adaptación. Además, el giro ha dejado «atrapadas a decenas de firmas —entre ellas, algunas murcianas— que optaron por acogerse voluntariamente al régimen del Suministro Inmediato de Información (SII), reservado a grandes empresas, con el objetivo de eludir Verifactu».
Como explica Rubén Jimeno, secretario técnico del REAF, estas compañías —muchas de ellas medianas con facturación cercana al límite de 6 millones— migraron al SII en los últimos meses para evitar la inversión en nuevos sistemas. Pero la normativa solo permite renunciar a dicho régimen en noviembre, lo que las deja sin salida: están obligadas a cumplir con los requisitos del SII, más rigurosos incluso que los de Verifactu, sin posibilidad de retroceder hasta 2026.
Mientras, el sector tecnológico reacciona con frustración. Empresas desarrolladoras de software como Sighore by Loomis Pay denuncian haber «invertido tiempo, recursos y planificación en un plazo que ahora se desvanece sin compensación», cuestionando la coherencia del Ejecutivo y pidiendo «reconocimiento a quienes sí cumplieron».
El Real Decreto-ley deberá ser convalidado por el Congreso antes del 11 de diciembre, fecha en que se votará junto a la senda de déficit y la subida salarial de los funcionarios. Con el apoyo anunciado de Junts, su aprobación parece asegurada, pero los interrogantes persisten: ¿habrá un periodo voluntario en 2026? ¿Se abrirá una ventana excepcional para salir del SII? ¿Qué apoyo técnico y financiero ofrecerá el Gobierno durante este año de gracia?
Mientras, en las terrazas de Murcia, en las cocinas de Cartagena y en los bares de La Unión, los autónomos celebran el respiro. Pero muchos lo hacen con una advertencia en la mirada: «Nos han dado un año más… pero no nos engañemos: la cuenta atrás ya ha empezado».
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- 📌 En Murcia, más de 28.000 autónomos pertenecen al sector servicios, de los cuales cerca de 11.000 son de hostelería (datos UPTA 2024).
