La patronal del sector alerta de desventajas regulatorias frente a las secciones de comida preparada y reclama al Ejecutivo un paquete de medidas contra la burocracia y la falta de alojamiento para sus empleados
El tejido restaurador nacional ha elevado su voz de alarma ante la creciente incursión de las grandes cadenas de distribución en el segmento de la alimentación inmediata. Hostelería de España, entidad que aglutina a cerca de trescientos mil bares, cafés y restaurantes, ha exigido que cualquier iniciativa comercial orientada al consumo in situ se rija por un marco normativo equiparable al de los establecimientos tradicionales. La petición surge como respuesta a la consolidación de espacios habilitados para degustar productos refrigerados y platos cocinados directamente en los puntos de venta, un fenómeno que en los últimos años ha capturado una porción significativa de la demanda que antes recaía exclusivamente en la restauración convencional.
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Durante la clausura de su asamblea anual en Madrid, evento que contó con la presencia del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, el presidente de la organización, José Luis Álvarez Almeida, advirtió que la transformación de hipermercados, tiendas de proximidad e incluso gasolineras en locales con vocación gastronómica genera asimetrías en el mercado. Si bien no mencionó explícitamente a ninguna corporación, los datos y las estrategias descritas aluden directamente a Mercadona. La compañía valenciana ha registrado un crecimiento exponencial en su línea de productos preparados para consumo en el establecimiento, superando la barrera de los mil millones de euros anuales. Además, en el marco de un plan de inversión de 3.700 millones para renovar su red de 1.600 tiendas, la cadena ha confirmado la ampliación de zonas con mobiliario para que los clientes puedan comer dentro de sus instalaciones.
Este avance preocupa especialmente a los restauradores, quienes observan cómo el tradicional menú diario pierde cuota frente a propuestas que ofrecen rapidez, precios contenidos y una percepción de mayor equilibrio nutricional. Desde la patronal se reconoce que estos nuevos formatos han logrado conectar con públicos más jóvenes, pero se insiste en que la rivalidad resulta desequilibrada al no estar sujeta a las mismas exigencias sanitarias, fiscales ni laborales que deben cumplir los negocios hosteleros. Esta postura de tensión contrasta con el acuerdo de colaboración suscrito en 2019, cuando la cadena se integró en el Club de Hostelería de España con el objetivo de compartir conocimientos en innovación y sostenibilidad, un vínculo que hoy queda en segundo plano frente a la disputa por el terreno comercial.
Más allá de la contienda por el consumidor, Álvarez Almeida aprovechó la asistencia de representantes gubernamentales para exponer una serie de demandas estructurales. Entre las prioridades figuró la simplificación de trámites administrativos y la revisión de la presión tributaria, pero también se puso el foco en la crisis de vivienda, que a su juicio frena la captación y retención de personal en destinos turísticos de alta demanda como las Islas Baleares, Canarias o Málaga. Ante la dificultad para ofrecer alojamiento asequible a la plantilla, el sector ha sugerido estudiar fórmulas de emergencia similares a las ya aplicadas por la hotelería, que en algunas localidades ha habilitado plazas gratuitas para cubrir vacantes estacionales.
En síntesis, la organización hostelera aboga por un ecosistema regulatorio homogéneo que garantice la equidad entre todos los agentes que ofrecen servicios de alimentación, al tiempo que solicita intervención pública para desbloquear los obstáculos logísticos y sociales que, según su análisis, limitan la competitividad y la capacidad de expansión del sector en el horizonte inmediato.
