La Justicia ratifica la sentencia contra el agresor: Un año de cárcel, libertad vigilada y cursos obligatorios de educación sexual tras los hechos ocurridos en 2022
La Audiencia Provincial de Murcia ha respaldado la condena dictada por un juzgado de lo Penal contra un hombre que agredió sexualmente a una mujer en un establecimiento hostelero ubicado en una pedanía de la Región de Murcia. El tribunal ha confirmado la pena de un año de prisión y otro año de libertad vigilada, además de imponer al acusado la obligación de indemnizar a la víctima con 2.300 euros , correspondientes a daños morales y lesiones sufridas, según publica el diario La Opinión.
El fallo, que rechazó el recurso de apelación presentado por el condenado, detalla que los hechos tuvieron lugar en julio de 2022, cuando el procesado invitó a la víctima a entrar en el local donde trabajaba. Una vez dentro, según el relato de hechos probados, el hombre intentó forzarla a mantener relaciones sexuales, causándole lesiones que tardaron siete días en sanar. Por este motivo, también fue condenado a pagar una multa de 540 euros como reparación por las secuelas físicas provocadas.
Además de la pena de cárcel, el tribunal impuso medidas complementarias para prevenir futuros delitos. Durante el período de libertad vigilada, el condenado deberá participar en un curso de educación sexual, una medida orientada a concienciar sobre el respeto y la igualdad. Asimismo, se le prohíbe acercarse a menos de 200 metros de la víctima durante dos años, en un esfuerzo por garantizar su seguridad y protección.
La sentencia subraya que las pruebas presentadas durante el juicio fueron concluyentes, desmontando cualquier argumento que pudiera sostener la presunción de inocencia del acusado. Testimonios, informes médicos y otras evidencias respaldaron la versión de la víctima, llevando al tribunal a ratificar la decisión inicial del juzgado de lo Penal.
Este caso ha puesto de relieve la importancia de actuar con contundencia frente a conductas violentas y machistas. La resolución judicial refuerza el compromiso del sistema legal con la defensa de los derechos de las víctimas y el rechazo absoluto hacia cualquier tipo de agresión sexual. Además, sirve como un recordatorio de la necesidad de educar y sensibilizar sobre la igualdad y el respeto mutuo, tanto dentro como fuera de los tribunales.
Una decisión firme que reafirma el papel de la Justicia en la lucha contra la violencia sexual y la protección de las víctimas.
