José Gabriel García Bernabé se defiende: «Mi actuación fue ejemplar»; la jueza le acusa de permitir su actividad sin licencia
El alcalde de Alguazas, José Gabriel García Bernabé, ha sido procesado por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la actividad de la discoteca Radikal Café, un local ubicado en el Polígono Industrial Oeste del municipio que carecía de licencia para su funcionamiento. El auto fue dictado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Molina de Segura, que considera que el regidor permitió de forma consciente que el establecimiento continuara abierto, pese a no cumplir con los requisitos legales.
Sin embargo, García Bernabé ha salido al paso de la resolución judicial para defender su gestión. En declaraciones a La Verdad, el alcalde ha afirmado que su actuación ha sido «ejemplar» y ha subrayado que fue precisamente él quien ordenó el cierre del local pocos meses después de tomar posesión del cargo en junio de 2023.
Según ha explicado, en octubre de ese mismo año, un vecino afectado por los ruidos se puso en contacto con él y le mostró varias denuncias previas que ya habían sido presentadas durante mandatos anteriores. «En cuanto tuve conocimiento del problema, actué. Clausuramos el local de inmediato», ha afirmado, lamentando que ahora se le acuse por una situación que heredó y que, a su juicio, resolvió con celeridad.
El caso se originó en 2021, cuando un residente comenzó a denunciar los intensos ruidos generados por la discoteca, que llevaba operando tres años bajo diferentes corporaciones municipales sin que se adoptaran medidas definitivas. Ahora, con el procedimiento en fase de instrucción, el alcalde ha asegurado que el Ayuntamiento aportará toda la documentación necesaria para demostrar su actuación.
«No entiendo cómo se me puede procesar por no cerrar un local que sí cerré. Eso no tiene sentido», ha manifestado García Bernabé, quien ha añadido que afronta el proceso «con total normalidad y calma, porque no me va a quitar el sueño».
Mientras avanza la investigación, el caso ha puesto en el centro del debate la gestión de los locales de ocio nocturno y la responsabilidad administrativa en materia de ruido y licencias urbanísticas.
