En pleno corazón de Casillas, un establecimiento hostelero abandonado escondía un laboratorio verde de envergadura: mil plantas de cannabis, tecnología de cultivo industrial y una red clandestina desmantelada por la Guardia Civil
Bajo el polvo del abandono y tras las cortinas de un local comercial que hacía tiempo había dejado de servir platos, se escondía una operación de cultivo altamente sofisticada. En la pedanía murciana de Casillas, agentes de la Guardia Civil llevaron a cabo la operación Redsin, una investigación que culminó con la detención de dos personas y el desmantelamiento de una instalación clandestina de cannabis oculta en lo que antaño fue un restaurante.
Los primeros indicios surgieron de forma sigilosa: aunque el establecimiento llevaba meses sin actividad alguna, diversos testigos coincidían en señalar que personas entraban y salían con regularidad, sin razón aparente. Esa anomalía despertó las sospechas del Instituto Armado, que inició una vigilancia discreta. Pronto, los indicios se convirtieron en pruebas: el inmueble —cuya fachada engañaba con su aspecto inerte— albergaba en su interior un invernadero indoor de alta tecnología.
Equipado con sistemas de iluminación LED de espectro completo, calefacción regulada, ventilación con filtros de carbón activo, riego automatizado y climatización controlada, el espacio había sido transformado en una auténtica factoría verde. En su interior, los agentes localizaron mil plantas de Cannabis sativa en distintas fases de crecimiento, además de un kilogramo de cogollos ya procesados y listos para su distribución.

La sorpresa no terminó allí: al acceder a la planta superior del edificio —tras obtener autorización judicial—, los funcionarios encontraron el domicilio de uno de los implicados, conectado directamente al sistema productivo del invernadero. Allí se confirmó que el lugar no solo servía para el cultivo, sino también para el secado, empaquetado y, presuntamente, la comercialización de la sustancia.
Entre los elementos intervenidos destacan decenas de focos de alta potencia, conductos de extracción de olores, depósitos de agua y equipos de control ambiental, todos diseñados para optimizar el rendimiento del cultivo. Además, la instalación contaba con una conexión ilegal a la red eléctrica, mediante la cual se evadían miles de euros en consumo mensual —un delito añadido a los ya graves de tráfico y producción de drogas.

Los dos detenidos, de nacionalidad española y sin antecedentes penales por hechos similares, están acusados de delitos contra la salud pública, así como de defraudación de suministro energético. Permanecen a disposición judicial mientras avanza la instrucción del caso.
Esta operación reafirma el compromiso de las fuerzas de seguridad con la lucha contra el narcotráfico en entornos rurales y periurbanos, donde, lejos de los focos mediáticos, a veces germinan estructuras criminales con una sofisticación propia de las grandes redes internacionales.






















