La acusación solicita tres años de prisión y nueve de inhabilitación para los propietarios de la explotación porcina donde se documentaron animales enfermos, heridos y cadáveres en descomposición
El Juzgado de lo Penal número 1 de Lorca ha dado por concluida la fase de vista oral en el proceso penal abierto contra los dos hermanos propietarios de una explotación porcina ubicada en Alhama de Murcia. Los acusados se enfrentan a catorce cargos por presunto maltrato animal, después de que se documentaran imágenes de cerdos en estado de grave deterioro sanitario que convivían con ejemplares fallecidos dentro de las propias instalaciones.
La Fundación Igualdad Animal, que ejerce la acusación popular en este procedimiento, ha reiterado su solicitud de tres años de privación de libertad y nueve de inhabilitación especial para la tenencia de animales para cada uno de los responsables de la granja.
El origen de la causa se remonta a la madrugada del 2 de septiembre de 2017, cuando un equipo del programa televisivo Salvados, conducido por Jordi Évole y emitido en La Sexta, accedió a la explotación junto a un representante de la organización animalista. La incursión, motivada por una denuncia anónima recibida con anterioridad, permitió grabar escenas que posteriormente se difundieron en 2018 y generaron una fuerte conmoción entre la opinión pública. Las grabaciones mostraban ejemplares con tumores, hernias de gran tamaño, extremidades gangrenadas y cojeras severas, además de cadáveres en avanzado estado de descomposición acumulados en contenedores sin tapa en el exterior de las naves. También se registraron episodios de canibalismo entre los animales.
Javier Moreno, cofundador de Igualdad Animal y testigo en la causa, describió aquella explotación como una de las más graves que ha presenciado a lo largo de su trayectoria investigando granjas. Según su relato, aunque resulta frecuente hallar animales con lesiones en este tipo de instalaciones, las condiciones observadas en Alhama de Murcia se revelaban excepcionales por su severidad.
Un segundo intento judicial tras la anulación de la absolución
Este proceso constituye el segundo intento judicial de esclarecer los hechos. En mayo de 2024, el tribunal emitió un fallo absolutorio que fue posteriormente revocado por la Audiencia Provincial de Murcia al estimar el recurso interpuesto por la fundación. El tribunal superior detectó carencias en la valoración de los testimonios periciales veterinarios y ordenó la repetición íntegra del juicio ante un magistrado diferente.
Durante la segunda y última jornada de la nueva vista oral, celebrada este jueves, intervinieron los peritos veterinarios y se proyectaron las imágenes obtenidas en la granja. El perito judicial que ya había participado en el primer proceso ratificó que las lesiones y hernias observadas en los cerdos presentaban indicios compatibles con una ausencia prolongada de atención veterinaria, lo que apuntaría a un maltrato por omisión. Asimismo, un inspector veterinario que visitó las instalaciones tras la emisión televisiva constató que la tasa de mortalidad registrada duplicaba con creces la media habitual en explotaciones de similares características.
Los argumentos de la defensa
Por su parte, la defensa de los hermanos Carrasco había sostenido en la vista anterior que las coordenadas GPS no permitían identificar con certeza la granja investigada. También atribuyó el elevado número de muertes a una infección vírica que habría afectado a la explotación en aquellas fechas, y justificó la suciedad de las instalaciones como consecuencia del funcionamiento de los sistemas de nebulización utilizados para refrigerar a los animales, cuyo agua se habría mezclado con los excrementos.
No obstante, la acusación considera que la cuestión de la ubicación geográfica ha perdido relevancia en esta nueva fase, dado que, además de los datos de posicionamiento, se cuenta con el testimonio directo del equipo que accedió físicamente a la explotación. En cuanto a la legalidad de la entrada nocturna, Moreno ha subrayado que en ninguno de los procedimientos celebrados hasta la fecha se ha cuestionado la validez de las pruebas obtenidas, y ha diferenciado entre el allanamiento de una vivienda particular y el acceso a una explotación ganadera donde existían indicios de una situación potencialmente delictiva.
Un problema que trasciende el caso concreto
Más allá del desenlace penal, la organización animalista ha aprovechado la repercusión mediática del caso para señalar deficiencias estructurales en el modelo de ganadería intensiva. Moreno ha advertido de que los controles oficiales resultan insuficientes, ya que, según los datos manejados por Igualdad Animal, una explotación podría transcurrir hasta seis décadas sin recibir una inspección bajo la normativa vigente. A esta circunstancia se suma la posibilidad de que las visitas sean comunicadas con hasta 72 horas de antelación, lo que, a juicio de la fundación, resta eficacia a la labor fiscalizadora.
La entidad reclama, en consecuencia, un incremento de los recursos destinados a la vigilancia, la implantación de inspecciones sin aviso previo y la imposición de sanciones acordes con la gravedad de las infracciones detectadas.
Tras ocho años de recorrido judicial, el caso de Alhama de Murcia aguarda ahora una resolución que determinará la responsabilidad penal de los acusados. Independientemente del veredicto, el proceso ha logrado reavivar el debate público sobre las condiciones de vida de los animales en la industria ganadera y sobre la efectividad de los mecanismos de control existentes en España.
