El TSJ condena al Ayuntamiento por no cumplir con la normativa acústica en una zona protegida y reconoce daño moral continuado
El Ayuntamiento de Murcia deberá abonar 39.000 euros a un vecino residente en la calle Santa Quiteria, según dicta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ), que estima el recurso presentado por el afectado y le reconoce el derecho a una indemnización por daños morales derivados del ruido excesivo proveniente de locales de ocio.
Según informa La Opinión, el fallo judicial considera que el consistorio incurrió en una falta de acción administrativa al no aplicar las medidas establecidas para las Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE), declaradas en la zona desde 2018. La sentencia fue emitida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que concluyó que el silencio pasivo del Ayuntamiento frente al ruido nocturno generó una afectación grave y prolongada en el tiempo sobre los derechos fundamentales del ciudadano.
Entre los derechos vulnerados, se encuentran el derecho a la vida, la intimidad personal y familiar, así como la inviolabilidad del domicilio, todo ello como consecuencia de la exposición constante a niveles de ruido inadmisibles producidos tanto por locales de hostelería como por la aglomeración de personas durante las noches.
La resolución destaca que “el derecho a la intimidad personal y familiar incluye la protección contra cualquier invasión en el hogar, ya sea física o sonora”, recordando precedentes similares como los casos de Cabo de Palos (2001), Lorca (2006) y Cieza (2007), donde también se reconocieron responsabilidades municipales por situaciones análogas.
Incumplimiento de la normativa acústica
En la sentencia se subraya que el Ayuntamiento no cumplió con las obligaciones derivadas de la declaración de ZPAE, entre las que figuran el control activo del ruido mediante medidores permanentes, la intensificación de vigilancia en horarios nocturnos y la limitación de nuevas licencias de apertura en calles con sobrepasos acústicos.
Por esta omisión, se considera acreditado que el vecino sufrió un daño moral continuado, agravado por su estado de salud. Un informe psicológico pericial avala que padece un trastorno de ansiedad directamente relacionado con la situación de estrés provocada por los ruidos constantes procedentes del entorno hostelero.
Indemnización y obligación de actuación
Como consecuencia del fallo, el Ayuntamiento está obligado a asumir íntegramente la responsabilidad patrimonial del daño causado, con una indemnización de 13.000 euros anuales, que se abonarán desde mayo de 2022 hasta que se adopten medidas efectivas que erradiquen las molestias acústicas en la zona.
Aunque la sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, su impacto podría marcar un antes y un después en la gestión municipal de la contaminación acústica en zonas sensibles del casco urbano.
Esta decisión refuerza el compromiso de las instituciones con el bienestar de los ciudadanos y recuerda que la inacción administrativa tiene consecuencias reales en la calidad de vida de los vecinos.
