La Confederación Empresarial de Hostelería de España (CEHE), junto con la Asociación de Hostelería de Madrid, han organizado una concentración del sector que tendrá lugar el próximo miércoles 9 de septiembre,en la Plaza de Cibeles a las 11 horas de la mañana y a la que se tiene previsto que acuda tanto la patronal, como las diferentes organizaciones autonómicas hosteleras, según informa la web de autonomosyemprendedor.es.
Desde la CEHE calculan que, si el Gobierno de Pedro Sánchez no hace nada, cerrarán 85.000 bares y restaurantes y se perderán 400.000 empleos. Para el secretario general de esta organización, Emilio Gallego, la situación en la que se encuentra en estos momentos la actividad hostelera, tras el confinamiento y las restricciones por el empeoramiento de la situación epidemiológica «es la peor que hemos vivido nunca. Es muy necesario que las administraciones públicas adopten medidas de apoyo para el sector», aseguró.
Según Emilio Gallego, no es la primera vez que el sector organiza una concentración de estas características, y recordó las que se produjeron antes de la aprobación de la ley anti-tabaco. Sin embargo, reconoció que ésta próxima es crucial para el devenir de la actividad porque, «la situación en la se encuentra el sector es límite, y nos ha obligado a organizarla», aseguró con rotundidad.
El cierre absoluto del ocio nocturno y la falta de ayudas «directas» para el sostenimiento de los negocios, entre otras cosas, hacen que la Hostelería se haya visto “muy afectada” por la pandemia.
«Nos han llevado a poner en marcha una concentración a nivel nacional, con la presencia de todas las asociaciones autonómicas, para trasladar a la opinión pública la situación en la que se encuentra la actividad», explicó el secretario general de Hostelería de España.
Solicitan ayudas directas para la hostelería
Concienciar a la ciudadanía sobre las dificultades a las que tienen que hacer frente los propietarios de bares y restaurantes no es la única razón de salir a la calle. Según el secretario general de Hostelería de España, «hace falta sensibilizar a los gobiernos regionales para que acompañen las restricciones que puedan imponer a los hosteleros con ayudas para los negocios. De lo contrario, se destruirá una parte muy importante del sector y del empleo que genera».
Según la última encuesta realizada por la Confederación, el 97,7% de los empresarios hosteleros califican de «peores» las ventas obtenidas en el segundo trimestre de este año, en comparación con las del mismo trimestre en 2019. Para el 60% de los hosteleros encuestados su facturación en este tercer trimestre todavía va a ser peor que la del segundo.
Del mismo modo, el documento señala que un 43,6% de los bares y restaurantes que están abiertos mantienen a parte de su plantilla en ERTE, mientras que un 7,5% ha decidido despedir a alguno de sus empleados. Gallego adelantó que es necesario para el sector que se prolonguen los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE): «hay que ampliar los ERTEs, pero tienen que tener unas condiciones distintas a las actuales, porque los negocios no pueden soportar los costes de esos empleos».
Decálogo de medidas
La extensión de los ERTEs será una de las propuestas que formarán parte del decálogo de medidas que pedirá el sector al Gobierno y que se leerá el próximo 9 de septiembre al término de la concentración. Según Gallego, aún no se han terminado de cerrar todos los puntos que recogerá el manifiesto. Sin embargo, el secretario general adelantó que, a la petición de extender los ERTEs, también se unirá la demanda de una solución al problema de los alquileres.
Los establecimientos hosteleros, bares y restaurantes, están haciendo frente en estos momentos al pago de unas cuotas de alquiler, según Gallego, qe son «desproporcionadas. Las rentas que se les exigen son muy altas y no se ha implementado ninguna medida para que se puedan reducir». También denunció la poca efectividad que ha tenido la moratoria de los alquileres que aprobó el Gobierno: «estos aplazamientos tienen un efecto ‘boomerang’. Puede que dejes de afrontar ese pago durante unos meses, pero luego tendrás que hacerle frente igualmente. Nosotros lo que buscamos es que se pueda reducir la renta», declaró el secretario general de CEHE.
Junto a los ERTES y el aplazamiento de las cuotas de alquiler, otro de los handicaps se encuentran también los créditos ICO. Según Gallego, por más que estos avales han ayudado a muchos bares y restaurantes, los autónomos van a necesitar más «tiempo para devolver el crédito. A pesar de que se ha reactivado el sector, la mayoría de los negocios están trabajando a pérdidas”, afirmó el secretario general de CEHE
Pero, y sobre todo, lo que pretenden los hosteleros con la concentración es que el Gobierno ponga en marcha ayudas “directas” para el sector. Por eso, pedirá al Ejecutivo que ponga en marcha medidas similares a las que están implementando en el resto de Europa.
Emilio Gallego, secretario general de la patronal de los hosteleros, denunció que mientras que en otros países europeos se están poniendo en marcha medidas para incitar el consumo, como es el caso de Holanda, en España lo que se está haciendo es restringirlo. «Aquí se restringe y se cierran los locales, lo que deriva en la celebración de botellones y fiestas privadas», puntualizó.
Según Gallego, «sería muy recomendable que el Gobierno hiciera como en Francia, Italia o Reino Unido y que aprobase bonos al consumo. Es decir, que ponga en marcha diferentes iniciativas para animar a la gente a salir fuera y que vuelvan a los bares y restaurantes».
Recursos en las diferentes Comunidades Autónomas
Hostelería de España ha publicado en su web que junto a sus organizaciones territoriales confederadas están promoviendo la interposición de diferentes recursos a los Decretos autonómicos sobre el Covid-19. Ya que, según explican, «las medidas adoptadas son extremas frente a un sector que no es el principal responsable de la propagación del virus, por más que existan casos aislados de incumplimiento que gozan de amplia difusión en redes sociales y medios de comunicación.
Desde el sector reclamamos que simultáneamente a la adopción de medidas restrictivas de la actividad económica se contemplen medidas compensatorias que no aboquen a la ruina a las empresas y al paro a sus cientos de miles de trabajadores.
Si algo ha demostrado el COVID-19 es el valor añadido que se produce a lo largo de toda la cadena de valor y que sólo si se materializa la comercialización en Hostelería se genera producción agrícola y ganadera de alta calidad, industria agroalimentaria y distribución, entre otros.
Los principales argumentos consensuados por la comisión jurídica interterritorial de hostelería, que amparan los recursos interpuestos, así como las futuras acciones acordadas son:
- Las Comunidades Autónomas están legislando en cada región escudándose en la Orden Ministerial dictada el 14 de agosto por el Ministerio de Sanidad, si bien no todas utilizan el mismo instrumento normativo ni recogen las mismas medidas que el resto. De ahí que se hayan interpuestos Recursos Contenciosos Administrativos contra las distintas Resoluciones Autonómicas solicitando de forma simultánea la adopción de medidas cautelares de suspensión de la Resoluciones publicadas en cada Comunidad.
- Las medidas cautelares se basan en las graves consecuencias económicas que la no suspensión de las ordenas recurridas podría causar al sector, provocando el cierre definitivo, que no temporal de muchos negocios.
- Estas medidas, hablando en términos generales, no están justificadas debidamente. No podemos negar el incremento de los contagios, pero sí que este se produzca como consecuencia de la actividad hostelera y de restauración. Por lo tanto, se convierten en medidas no idóneas con el fin buscado.
- Hemos de recordar que, en casi todas las Comunidades Autónomas ya se habían adoptado medidas sanitarias restrictivas específicas para este sector, ello, no obstante, no se había traducido en una disminución de los contagios, lo que denota que los brotes se producían mayoritariamente en otros escenarios, principalmente privados y no controlados, como así lo reconoce el Acuerdo Interterritorial de Salud.
- Igualmente hemos sufrido como sector el estigma de casos aislados con amplia difusión en redes sociales y medios de comunicación, que sin duda exigen una acción de cierre y sanción más contundente y ejemplificadora por parte de las administraciones, pero que no puede extenderse o calificarse a todo un sector por situaciones individuales.
- No se entiende esta criminalización del sector, más cuando en otros países europeos se priorizan las reuniones en espacios públicos, como es la hostelería, frente a espacios privados, donde no se exigen las mismas medidas higiénico-sanitarias y se baja la guardia, cosa que no suele ocurrir en establecimientos hosteleros. En este sentido, el sector cuenta con un distintivo, que mediante un sistema de declaración responsable los hosteleros se comprometen a cumplir una serie de requisitos de limpieza, salud e higiene necesarios para una ‘Hostelería Segura’ que permita aportar confianza a trabajadores y clientes desde que entran en el local hasta que salen del mismo.
- Por otro lado, es incuestionable que las particularidades de las regiones hacen que no puedan aplicarse de forma generalizada las mismas medidas para unos que para otros.
- Desde el comienzo de la pandemia el sector se está viendo gravemente atacado por la Administración en todos sus niveles, en un claro agravio comparativo respecto de otras actividades y sectores en los que sí que se ha acreditado que se han producido esos brotes, véase temporeros, residencias de ancianos, campamentos de verano, transporte público, etc…
- El sector ha hecho un verdadero esfuerzo económico y organizativo para adaptar sus establecimientos, haciendo fuertes inversiones para dar cumplimiento a las exigencias sanitarias impuestas. No obstante, tales exigencias no han venido acompañadas de un más que obligado Plan de Contingencia para reactivar el sector turístico y hostelero.
- Finalmente se ha exigido un esfuerzo extra a este sector que no ha encontrado equivalencia en la Administración. Administración que debería haber implementado medidas de identificación, trazabilidad y seguimiento de los casos de contagio. Atacando los focos iniciales de manera eficaz e incorporando otro tipo de medidas que no fueran únicamente las restrictivas y de confinamiento como ocurrió en la primera fase de la pandemia.
Con base en estos argumentos, las organizaciones que representamos al sector en todo el país queremos llamar la atención de las administraciones públicas y de la ciudadanía, para enfocar una salida de la crisis del COVID-19 que no menoscabe la potencia y competitividad del sector, asegurando la supervivencia de las empresas y el mantenimiento del empleo».
Hostelería Madrid recurre en los tribunales las nuevas medidas
Por su parte, Hostelería Madrid, según publica en su web, ha decidido, en Junta extraordinaria, interponer un recurso de oposición a las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid que restringen la actividad de la hostelería, al considerarlas injustificadas, desproporcionadas y que suponen un agravio comparativo respecto a otros sectores de actividad.
Las medidas impuestas a la hostelería limitan su actividad a la 1 horas, con cese de entrada de clientes a las 00 horas; los grupos máximos son de 10 personas; se prohíbe fumar en la calle o terrazas, si no se garantiza una distancia mínima de dos metros entre personas; y el ocio nocturno (bares especiales, discotecas y salas de baile) tienen que cerrar completamente su actividad.
«Las cincuenta organizaciones territoriales que formamos parte de Hostelería de España hemos acordado la creación de una comisión jurídica interterritorial que analice la interposición de manera coordinada de recursos de oposición por cada de una de las Comunidades Autónomas, al tratarse de una norma nacional cuya transposición corresponde a cada una de las autonomías.
La comisión jurídica toma como punto de partida la necesidad de que las medidas sean justificadas, proporcionadas y no se centren exclusivamente en la hostelería, que queda en una situación de discriminación e indefensión, sin disponer de ayudas compensatorias, como sí está sucediendo con otros sectores.
Madrid prepara su jornada de protesta para el 9 de septiembre y prevé que, de mantenerse estas medidas restrictivas en el sector, la región perderá más de 12.500 empresas de hostelería. La concentración de Madrid contará con el apoyo de Hostelería de España, de la Plataforma del Ocio y de algunas asociaciones provinciales que se acercarán a la capital a apoyar el acto de defensa del sector».
Para Juan José Blardony, Director de Hostelería Madrid, «Los negocios de hostelería dedicamos importantes esfuerzos para generar espacios seguros de consumo con medidas higiénico-sanitarias que generen un entorno adecuado para los clientes. El sector lleva ya seis meses realizando su actividad de forma intermitente y ya no tenemos más margen para asumir más restricciones. Necesitamos ayudas compensatorias y un seguridad jurídica para nuestras empresas».