Jesús Jiménez Avellaneda, presidente de Hostemur, la patronal murciana del sector de la hostelería, califica la decisión de López Miras de declarar el toque de queda en la Región de Murcia de 23 a 6 horas como «una medida desproporcionada para un sector que no levanta cabeza. Después de esto nos condenan al cierre y a la no supervivencia de muchos negocios. Indignante»
Jiménez considera que «esa hora de diferencia hará que los restaurantes pierdan las cenas, lo que supondrá una caída de los negocios del 35% o el 45% en la facturación diaria. 85.000 locales bajarán la persiana a finales de año y provocará la pérdida de empleos directos e indirectos de 1,1 millones, que representa el 6,2% del PIB. Con respecto a 2019, ya se ha producido un descenso de la facturación de un 50% y una pérdida de 67.000 millones de euros».
Y todo esto sucede por que «a nuestro presidente le gusta ser más restrictivo que nadie», explicó Jesús Jiménez que ha hecho un llamamiento (junto a Hostelería de España) en sus redes sociales para que los clientes adelanten sus cenas a las ocho de la tarde. Aunque afirma «que tengo muy claro que poca gente va a adelantar el horario para ponerse a cenar en un restaurante como hacen los turistas extranjeros».
Jesús Jiménez destaca que si el comercio cierra, como ellos, a las diez será difícil que los clientes acudan a cenar a los bares y restaurantes.
El presidente de Hostemur también le reprocha al presidente de la Comunidad Autónoma la falta de coordinación con otras regiones, como la Comunidad Valenciana, que es partidaria de aplicar esta limitación de los movimientos a partir de las 24.00 horas.
También destacó que Madrid quiere establecer el toque de queda a medianoche, mientras que Murcia se adelanta una hora. «Me gustaría tener políticos con criterio, como los europeos», señaló Jiménez.
El aún confía en que el Tribunal Superior de Justicia de la Región no autorice al Gobierno regional a imponer el toque de queda a partir de las 23.00 horas, ya que «se está restringiendo un derecho fundamental» y el Ejecutivo regional «carece de competencias para implantarla», salvo que se aplique el estado de alarma.