El Tribunal de Murcia desvela que la vigilancia a una camarera diabética ocultaba el verdadero motivo: el coste de su baja médica
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha zanjado un caso que trasciende lo laboral para adentrarse en la protección de derechos fundamentales: la nulidad del despido de una camarera, identificada en autos como Gabriela, quien fue despedida tras ser filmada por investigadores privados mientras degustaba un tinto de verano durante una incapacidad temporal derivada de su diabetes.
La resolución judicial, firme desde este año, valida en todos sus extremos el fallo emitido previamente por el Juzgado de lo Social nº 1 de Murcia. Los magistrados entienden que la medida disciplinaria adoptada por la empresa no respondía a una supuesta conducta irregular de la trabajadora, sino que constituía una respuesta discriminatoria ante su situación de salud, vulnerando así garantías constitucionales.
De la baja médica a la vigilancia privada
Gabriela se incorporó a la plantilla de una cervecería ubicada en la pedanía de Guadalupe en marzo de 2022. Siete meses más tarde, solicitó una baja temporal para someterse a un protocolo de pruebas destinadas a estabilizar sus niveles de glucosa, dado su diagnóstico de diabetes. Fue precisamente en ese contexto cuando la dirección del establecimiento activó un servicio de vigilancia externa.
El episodio determinante ocurrió en febrero de 2023. Según el informe pericial, la empleada acudió a un local de hostelería en San Ginés, donde compartió cena y compañía durante más de sesenta minutos. En ese lapso, los agentes documentaron que consumió en dos ocasiones tinto de verano, bebida que combina vino y refresco azucarado. Para la empresa, este detalle bastó para argumentar que la trabajadora había incumplido sus obligaciones de cuidado durante la convalecencia.
En la notificación del despido, la compañía reprochó a Gabriela no haber adoptado las medidas necesarias para favorecer su recuperación. Además, le imputó haber realizado acciones susceptibles de distorsionar los resultados clínicos en curso e, incluso, de empeorar su cuadro médico. La carta calificaba su actitud como «consciente y voluntaria», en perjuicio de los intereses del negocio.
El contexto desvela la verdadera intención
Sin embargo, el análisis judicial fue más allá de los hechos aislados. Los tribunales observaron que, con anterioridad a la cena vigilada, el responsable del negocio ya había manifestado su voluntad de extinguir el vínculo laboral. En concreto, el 16 de enero de 2023 —un día después de recibir un parte de confirmación de la baja—, se ofreció a la trabajadora la rescisión contractual, esgrimiendo el impacto económico que suponía su ausencia prolongada: aproximadamente 700 euros mensuales.
Este dato resultó clave para la Sala, que interpretó que la grabación de los detectives funcionó como un pretexto para dar cobertura formal a una decisión ya adoptada por motivos ajenos a la conducta profesional. En palabras del tribunal, «la causa real del despido fue el estado de salud de la empleada», lo que configura un supuesto de discriminación por razón de enfermedad.
La carga de la prueba y la protección de derechos
Desde la perspectiva jurídica, el fallo se enmarca en la doctrina que protege a los trabajadores frente a tratos discriminatorios. Cuando existen indicios razonables de que se han vulnerado derechos fundamentales, corresponde al empleador acreditar que su decisión responde a motivos objetivos y ajenos a cualquier factor ilícito. En este caso, la empresa no logró superar ese listón probatorio.
Por ello, se confirma la improcedencia del despido y se mantienen las medidas reparadoras establecidas en primera instancia: la compañía deberá elegir entre reincorporar a Gabriela en idénticas condiciones laborales o abonarle una indemnización de 1.335,18 euros, con efectos retroactivos desde febrero de 2023. De optar por la readmisión, también deberá satisfacer los salarios dejados de percibir durante el periodo de tramitación, calculados en 40,46 euros diarios.
Un precedente con ecos sociales
Más allá de las cifras, esta sentencia envía un mensaje claro al tejido empresarial: el estado de salud de un trabajador no puede convertirse en motivo encubierto de extinción contractual. La vigilancia extrema, por sí sola, no legitima decisiones que, en el fondo, responden a prejuicios o a cálculos económicos sobre la enfermedad.
El caso de Gabriela ilustra cómo los tribunales actúan como contrapeso frente a prácticas que, so apariencia de disciplina laboral, pueden esconder vulneraciones de derechos esenciales. En un momento en que las bajas médicas generan tensiones en múltiples sectores, esta resolución recuerda que la protección de la dignidad y la no discriminación siguen siendo pilares irrenunciables del derecho del trabajo.
