Una reforma pionera integra la variable climática en la prevención laboral y establece sanciones de hasta 50.000 euros, mientras el Ejecutivo impulsa un depósito reembolsable para envases que entrará en vigor en noviembre
Con la aproximación de la temporada estival, el sector de la restauración y el ocio enfrenta una reconfiguración normativa de calado. A mediados de abril de 2026, las principales centrales sindicales y las organizaciones empresariales del rubro suscribieron una revisión del VI Acuerdo Laboral Estatal (ALEH), incorporando de manera ineludible la variable meteorológica dentro de los protocolos de seguridad ocupacional.
Dicha actualización no decreta la clausura automática de los espacios al aire libre, sino que obliga a cada establecimiento a evaluar los riesgos ambientales y ejecutar acciones correctivas cuando los organismos oficiales, como la AEMET, emitan avisos de nivel alto o extremo.
Entre las estrategias contempladas se encuentran la instalación de dispositivos de enfriamiento, la reorganización de turnos, la rotación del personal o la interrupción temporal del servicio en zonas expuestas.
El incumplimiento de estas directrices podría acarrear sanciones por parte de la Inspección de Trabajo que superen los cincuenta mil euros, al considerarse una vulneración de los derechos sanitarios de la plantilla.
Paralelamente, el documento renovado fortalece el marco de convivencia laboral al incluir disposiciones para erradicar el acoso hacia el colectivo LGTBI y garantizar el derecho a una audiencia previa antes de cualquier despido disciplinario.
En sintonía con estas transformaciones, el Gobierno ha dado luz verde a la implementación de un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) para recipientes de bebidas, cuyo despliegue total está previsto para noviembre de 2026. Tomando como referencia la experiencia portuguesa, el mecanismo añade un pequeño recargo, próximo a los diez céntimos, al precio final de cada botella o lata.
Esta cantidad se reintegra al consumidor al entregar el recipiente vacío en los comercios adheridos o en los puntos de recogida automatizada. La iniciativa surge como respuesta al estancamiento en las cifras de recuperación, que en 2023 se situaron en torno al 41,3 %, muy por debajo del umbral del 70 % fijado por Bruselas.
Con la nueva normativa, los establecimientos minoristas se convertirán en centros de acopio obligatorios, persiguiendo una meta de captación superior al 90 % y consolidando los principios de la economía circular. El despliegue de esta red exigirá ajustes logísticos y administrativos, pero pretende modificar de raíz los hábitos de consumo y reducir significativamente los residuos abandonados en el entorno natural.
