«Si no nos dejan trabajar, tenemos derecho a ser compensados» esa es la idea básica que llevará el próximo jueves 11 de febrero a más de mil hosteleros españoles a presentar la primera macrodemanda sin prececedentes con la que piensan reclamar al Estado y a las comunidades autónomas indemnizaciones por el cierre obligado de la hostelería.
En la Región de Murcia, la patronal hostelera, Hostemur, ha alcanzado un acuerdo con dos bufetes de abogados que se encargarán de tramitar las demandas contra el Gobierno y posibilitar que los hosteleros reclamen las pérdidas que han sufrido con los decretos de cierre de sus negocios.
El despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo propició la creación de la plataforma ‘La Hostelería de Todos’ y será a través de ella cuando el próximo jueves presenten las primeras 50 demanda ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a las que se irán sumando cada semana el resto, hasta el 14 de marzo, fecha en la que se cumple un año de la entrada en vigor del estado de alarma.
El cierre del sector de la hostelería, ha costado la desaparición aproximada de 100.000 establecimientos y la pérdida de un millón de puestos de trabajo.
Se trata del primer trámite para reclamar ante el Tribunal Supremo daños y perjuicios por las medidas adoptadas por el Gobierno central y las autonomías. Un proceso, cuya resolución calculan, llegaría en un plazo mínimo de dos años.
«Tenemos derecho a ser indemnizados por los cierres; hemos adecuado nuestros negocios y tomado medidas pero al Estado y a las autonomías no les vale nada. Y seguimos pagando impuestos», ha declarado al diario Expansión Begoña Fraire, cocinera y propietaria del restaurante Étimo (Madrid) e impulsora de la plataforma que ha unido a la hostelería en esta macrodemanda.
Fraire pretende que «la hostelería se una y sepa que tiene derecho a reclamar»; ya superan el millar los adheridos a la iniciativa, sin que cese de aumentar la cifra en una respuesta «bastante espectacular», dice para resaltar que se trata de un sector «muy agotado».
Los afectados son conscientes de que se trata de un «caso difícil», pero confían en el criterio de un bufete de abogados «con experiencia en demandas colectivas» y que cuenta con ex magistrados del Tribunal Supremo y del Constitucional y catedráticos que consideran que tienen derecho a percibir el lucro cesante por los cierres de 2020.
La responsable del restaurante Étimo, ha participado desde el inicio en la creación de la plataforma lahosteleriadetodos.org como herramienta para que todos aquellos hosteleros que lo deseen presenten su demanda. Freire destaca a Expansión la independencia política de la iniciativa: «Nos da igual quién esté en el Gobierno, sólo queremos buenos gestores».
De momento, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se ha puesto en contacto en ningún momento con la plataforma.
También el resto de portavoces de la plataforma, entre los que se encuentran: Pepa Muñoz (Qüenco de Pepa), Alfonso García (Casa Alfonso), Juanjo López (La Tasquita de Enfrente), Iñaki López de Viñaspre (Grupo Sagardi) y Alfonso Pastor (Grupo Caterdata), defienden que la hostelería «no es la culpable» de la evolución actual de la pandemia de COVID-19.
La plataforma hace referencia a que otros países europeos han actuado a favor de la hostelería -Alemania ha probado este semana un nuevo paquete de ayudas directas y la rebaja el IVA hasta el 7 % para bares y restaurantes hasta finales del 2022- y reclama «al menos medidas que puedan posibilitar la supervivencia del sector».
Respecto al fundamento jurídico de las demandas, el abogado Diego Solana, de Cremades & Calvo-Sotelo, explica a Expansión que se basa en la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas y la Ley orgánica que regula el estado de alarma, que prevé indemnizaciones por daños y perjuicios.
«Tenemos un caso que merece la pena plantear ante la justicia», añade. Las indemnizaciones que se exigen alcanzan los 62 millones de euros -dependen de las ganancias de cada local en los años previos-, aunque la cifra crecerá porque cada día se suman nuevas demandas.
Asegura que, actualmente, la hostelería «no ve otra salida» aunque sostiene que «el pleito no es el fin, es un medio para ayudar a evitar la destrucción del sector».
Demandas en la Región de Murcia
Por otra parte, también en la Región de Murcia los hosteleros se preparan para reclamar al Gobierno las pérdidas registradas en sus negocios desde la declaración del estado de alerta, el 14 de marzo de 2020. La patronal hostelera regional Hostemur ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con dos bufetes de abogados para tramitar las demandas de los establecimientos, cuyas pérdidas pueden llegar a alcanzar los 200.000 euros, según declaró la pasada semana a La Opinión su presidente, Jesús Jiménez.
Otros hosteleros de la Región ya se han sumado a las demandas de la plataforma ‘La Hostelería de Todos’.
Jesús Jiménez Avellaneda, presidente de Hostemur, ha declarado que no existe la posibilidad de presentar reclamaciones colectivas, por lo que será necesario tramitar una a una las demandas de los bares, restaurantes, hoteles y locales de ocio que no han podido abrir sus puertas desde que se desencadenó la pandemia.
Hostemur recomienda presentar las reclamaciones hasta el 14 de marzo, antes de que se cumpla el primer año, del estado de alarma, siguiendo las indicaciones de los asesores legales de Indemniza y Écija con los que ha llegado a un acuerdo.
Jiménez resaltó que la situación es especialmente dura para los dueños de salones de celebraciones, «que pueden llegar a pagar alquileres de 5.000, 6.000 y hasta 15.000 euros, porque algunos incluso tienen arrendadas las fincas circundantes».
Aunque pudieron abrir una vez que se levantaron las restricciones, Jiménez denunció que la Comunidad limitó tanto el número de comensales que dejaron de celebrarse banquetes en la Región, ya que las parejas optaban por marcharse a la provincia de Alicante, donde se permitía un mayor aforo para las celebraciones.
Los locales de ocio nocturno también se han visto especialmente castigados desde el estado de alarma, ya que no se les permitió abrir, salvo en el caso de que se reconvirtieran en cafeterías. Sin embargo, fueron excesivas las dificultades que encontraron sus propietarios para conseguir las nuevas licencias en municipios como Murcia llevaron a la mayoría de ellos a desistir.
Según los cálculos de Hostemur, «el impacto ha sido mayor para los establecimientos más grandes», cuyas pérdidas pueden rondar entre los 25.000 y los 200.000 euros.
El primer plan de rescate de la hostelería del Gobierno regional logró un acuerdo con la patronal después de la primera ola que permitió a los hosteleros recibir una ayuda de 1.000 a 4.000 euros por local, pero los hosteleros las consideraron insuficientes y solo les permitieron pagar deudas acumuladas en tantos meses de cierres y restricciones horarias y de aforo.
Hostemur prevé que la crisis sanitaria provocada por la pandemia será la culpable de la desaparición de un 30% de los locales de hostelería de la Región de Murcia y ya en este momento, destaca Jesús Jiménez, ya ha cerrado el 20% de los negocios hosteleros.