El Gobierno de Sánchez va a incrementar la subida del IVA de las bebidas azucaradas del 10 al 21%, según consta en el plan presupuestario remitido ayer jueves a Bruselas, medida que se va a incluir en los Presupuestos Generales del Estado de 2021.
La subida del IVA a las bebidas refrescantes se hace con el objetivo es favorecer «hábitos más saludables», según el Gobierno, y se sumará a otros cambios fiscales ya anunciados, como la entrada en vigor de los nuevos impuestos digital y financiero, la creación del impuesto sobre envases de plástico de un solo uso (que ya ha superado el trámite de información pública) o las medidas incluidas en el proyecto de ley frente al fraude fiscal aprobado esta misma semana.
Según consta en el plan, el impacto estimado del conjunto de medidas fiscales se sitúa en 6.847 millones de euros en 2021 y en 2.323 millones en 2022 en criterio de caja.
La ratio de ingresos sobre el PIB, según contempla el documento, calcula que se situará en 2021 en el 40,3%, frente al 41,7% de este año, un descenso de la ratio que se explica por el mayor aumento del PIB el año que viene, ya que en términos absolutos los ingresos en 2021 se incrementarán en 33.447 millones de euros.
La subida de los ingresos públicos se debe a la mejora de la economía y la actividad y, en menor medida, a las medidas fiscales que se aplicarán a partir del próximo ejercicio.
La ratio de gasto sobre PIB pasará del 53% en 2020 al 48% en 2021, aunque en términos absolutos supondrá 2.419 millones más en un año en el que los fondos europeos y las transferencias extraordinarias a comunidades autónomas y Seguridad Social elevarán el techo de gasto a un récord de 196.097 millones.
El plan también recoge medidas de gasto como la revalorización de las pensiones en 2021 según la inflación prevista, el aumento gradual del permiso de paternidad de 12 a 16 semanas o la consolidación del Ingreso Mínimo Vital puesto en marcha a mediados de 2020.
Hacienda recuerda que los presupuestos de 2021 incluirán 25.000 millones de transferencias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea y 2.436 millones del programa REACT-EU que se destinan al Ministerio de Sanidad para repartirlo después entre los territorios para la adquisición de vacunas, reforzar la atención primaria o renovar el material y equipamiento sanitario.
Al respecto, el Ministerio señala que los fondos europeos incrementan el techo de gasto, pero no tienen impacto en el déficit público porque se reconocen como un ingreso.