El Ayuntamiento de Blanca ha mantenido una reunión con la delegación de Hacienda en la que se ha trasladado que el Consistorio blanqueño debe asumir el pago de 730.203,26 euros a la Mancomunidad de Canales del Taibilla, que se dejó de pagar en enero del año 2022.
Según informa el propio Ayuntamiento, en una nota de prensa, desde que el nuevo Equipo de Gobierno del Ayuntamiento tuvo conocimiento, se han afrontado los pagos y comenzado a devolver parte de la deuda generada para paliar la situación e ir haciendo frente a los nuevos recibos para llevar las cuentas al día.
En estos momentos, se están reajustando todas las cuentas municipales para afrontar los diferentes escenarios y la reorganización de Blanca Fomento Social para sanear sus cuentas.
Causas de la situación
Esta situación arranca en 2019, tal y como recogen las cuentas auditadas por una entidad independiente, donde en su memoria anual se alerta al Equipo de Gobierno de ese momento, de que a pesar de que los resultados globales de la empresa son positivos, el servicio de basuras registra grandes pérdidas; una circunstancia que se repite de forma similar en la presentación de la memoria del año 2020.
Posteriormente, en septiembre de 2021, Blanca Fomento Social presenta al Ayuntamiento un estudio económico solicitando el aumento de las retribuciones por la prestación de sus servicios y, en mayo de 2023, se volvió a presentar una actualización del mismo, todos ellos fueron denegados por la Corporación de ese momento.
Los resultados globales de los últimos años de Blanca Fomento Social presenta la siguiente evolución:
- Año 2019: 16.634 euros de beneficios
- Año 2023: -236.789,31 euros de pérdidas
Una de las principales causas que ha llevado a Blanca Fomento Social a esta situación se encuentra en que la retribución del servicio de basura y otros gastos están por debajo de su coste. Desde septiembre del 2023 el nuevo Equipo de Gobierno comenzó a trabajar para actualizar esta tasa que además debe soportar el aumento por la entrada en vigor de la Ley 7/2022 del Gobierno Nacional, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. La nueva Corporación ha comenzado a adaptar la nueva normativa estatal de residuos de obligado cumplimiento para todos los municipios. Esta legislación exige además una nueva ordenanza en la que ya se está trabajando.