Los tres establecimientos de la cadena en la Región —Thader, Cartagena y Lorca— deberán renovar su identidad después de que la OEPM considere que la denominación ofende el orden público y los valores europeos
La presencia de la enseña La Mafia se sienta a la mesa en el panorama gastronómico murciano tiene los días contados. La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha confirmado la nulidad del registro mercantil al estimar que su denominación resulta incompatible con el orden público y las buenas costumbres, una decisión que afecta directamente a los tres locales que la firma mantiene operativos en la Comunidad Autónoma: el situado en el centro comercial Thader (Murcia capital), el de la calle Comedias en Cartagena y el ubicado en el Parque Almenara de Lorca.
Esta resolución administrativa se alinea con el criterio establecido en 2018 por el Tribunal General de la Unión Europea, el cual ya advirtió que hacer referencia explícita a la organización delictiva italiana contradice los principios fundamentales de la Unión. En consecuencia, las autoridades españolas han determinado que el signo comercial no puede mantenerse, al evocar de manera directa a una estructura criminal cuya actividad representa una amenaza real y persistente, lejos de ser una mera alusión literaria o histórica.
Ante este escenario, la compañía, originaria de Aragón, evalúa presentar un recurso de alzada contra una determinación que aún no posee carácter firme. Según han trascendido fuentes del grupo, la dirección jurídica analiza las opciones disponibles desde hace más de un año, incluyendo la posibilidad de diseñar una nueva identidad corporativa que permita preservar el posicionamiento del negocio a futuro.
La cadena, que cuenta con cerca de un centenar de establecimientos bajo esta marca en territorio nacional, subraya que su denominación ha sido registrada y renovada por la propia OEPM en múltiples ocasiones durante las últimas dos décadas, por lo que consideran que no existen antecedentes similares en el ordenamiento jurídico español.
El propietario de Ditaly, sociedad integrada en el grupo, ha manifestado su intención de mantener un canal de diálogo con la Embajada de Italia —promotora inicial de la impugnación— para exponer el origen y la intención lúdica del nombre, aunque hasta el momento no ha recibido respuesta.
Desde la empresa insisten en que se mantienen al margen de cualquier interpretación negativa y reafirman su compromiso con una propuesta culinaria italomediterránea de calidad. No obstante, si la resolución se consolida, el grupo deberá ejecutar una transformación integral de su imagen en todos sus puntos de venta, un desafío que incluye actualizar fachadas, menús y soportes digitales en un plazo perentorio.
Con una facturación anual que supera los 130 millones de euros y una hoja de ruta que proyectaba alcanzar los 200 locales en 2028, la firma enfrenta ahora una encrucijada estratégica: reinventar su narrativa de marca sin perder la conexión con su clientela, mientras se adapta a un marco legal que excluye la simbología asociada al crimen organizado como activo comercial. Para los comensales murcianos, el cambio supondrá, en breve, descubrir una nueva carta de presentación para los mismos sabores.
