La medida que cubre la cuota de la Seguridad Social de los autónomos durante la baja es una buena noticia, pero también deja al descubierto una realidad que durante años se ha asumido con demasiada normalidad
Por José Luis Reverte
Durante años, ser autónomo en España —y en la Región— ha tenido una peculiaridad difícil de explicar fuera: podías dejar de trabajar, podías dejar de ingresar… pero no podías dejar de pagar.
Ponerse enfermo no solo era un problema de salud. Era también un problema económico. Porque mientras la actividad se detenía, la cuota seguía llegando puntualmente. Como si el sistema partiera de una idea bastante optimista: que el autónomo no se pone enfermo, o si lo hace, ya verá cómo se apaña.
No deja de ser curioso. En una economía donde tanto se habla de productividad, eficiencia o competitividad, durante años se ha dado por hecho que una parte fundamental del sistema debía seguir funcionando incluso cuando no podía hacerlo.
Por eso, la reciente medida anunciada en la Región, que permitirá cubrir la cuota de autónomos durante los dos primeros meses de baja —con una ayuda que puede alcanzar los 700 euros y un presupuesto cercano a los 2 millones de euros— es sin duda una buena noticia. No resuelve todo, pero introduce una novedad casi revolucionaria: la posibilidad de que el autónomo pare… sin que eso implique seguir pagando por no trabajar.
A falta de cambios más profundos, buenas son estas decisiones. Porque más allá de la ayuda concreta, lo relevante es lo que simboliza. Durante un tiempo limitado, el autónomo deja de ser una excepción dentro del sistema para parecerse un poco más a lo que es: una persona.
Y aunque suene evidente, no siempre lo ha sido.
Conviene recordar además el peso real que tienen los autónomos en la economía. En la Región hay en torno a cien mil trabajadores por cuenta propia, lo que supone aproximadamente uno de cada siete afiliados. Es decir, no estamos hablando de un colectivo marginal, sino de una parte esencial del tejido productivo.
Son quienes sostienen comercio, servicios, pequeñas empresas y buena parte de la actividad diaria. Son quienes abren cada mañana, quienes asumen riesgos y quienes, en muchos casos, generan empleo.
Sin embargo, su relación con el sistema ha tenido algo de peculiar. Pagar incluso cuando no se ingresa, asumir costes fijos pase lo que pase o depender de una actividad que no siempre es estable forma parte de una normalidad que, vista desde fuera, resulta difícil de justificar.
Quizá por eso conviene mirar también hacia otros países europeos, donde la idea de que un autónomo pueda enfermar o detener su actividad no se interpreta como una anomalía, sino como parte lógica de cualquier trayectoria profesional. Allí, el sistema se adapta a la realidad. Aquí, durante mucho tiempo, parecía que la realidad tenía que adaptarse al sistema.
La decisión adoptada en la Región no cambia todo ese contexto, pero sí apunta en una dirección interesante. Introduce una pequeña corrección en un modelo que, en ocasiones, ha exigido mucho sin ofrecer siempre lo mismo a cambio.
Y eso, en términos económicos, no es un detalle menor. Porque cada autónomo que puede parar sin ahogarse financieramente es también una actividad que tiene más posibilidades de continuar en el tiempo.
Porque si una economía quiere ser dinámica, flexible y capaz de generar actividad, necesita cuidar a quienes la sostienen desde abajo. No solo cuando todo va bien, sino también cuando las cosas se paran.
Quizá no estemos ante una gran reforma. Pero sí ante algo que, visto con perspectiva, tiene cierto valor simbólico: durante dos meses, al menos, el sistema reconoce que el autónomo también puede dejar de producir… y seguir existiendo.
Y en un entorno donde durante años producir parecía una obligación permanente, empezar a aceptar lo contrario no es solo una mejora. Es, simplemente, un avance.
José Luis Reverte es empresario, economista y abogado
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